Todos percibimos que estamos frente a un conglomerado de derechas dispuestas a aplicar un programa liberal, conservador y autoritario. Este programa trasciende los hitos de su puesta en marcha, que por el momento podemos identificar en tres instancias de la agenda político parlamentaria: Ley de Urgente Consideración, Rendición de Cuentas y Presupuesto. Un rasgo que se observa en este programa es el del reforzamiento del propietarismo, en ese sentido algunas de las reformas propuestas al Código Civil, sugeridas por la Asociación de Escribanos, incorporadas en la versión que ingresó a la consideración del Senado, así lo atestiguaban.
La entente de las derechas se asienta en el aglutinamiento de un arco, que presenta una cierta diversidad -de Cabildo Abierto al Partido Independiente- y que permite traslucir los matices, pero donde prima un común denominador: el sustrato conservador y revanchista.
Parte de la ofensiva tiene que ver con la derrota electoral y política sufrida por el progresismo, expresión y consecuencia de los limites de sus gobiernos, de las incongruencias de un proyecto que se fue debilitando en cierta medida porque sus rasgos de izquierda fueron paulatinamente diluyéndose en una visión y un actuar precisamente de tipo progresista.
La base conservadora del gobierno de las derechas hay que buscarla en la naturaleza de clase de este, identificando los intereses que representa, los factores y elementos que encarna. Sus coordenadas anteceden y sobrepasan las formulaciones electorales, el acuerdo de la coalición y los proyectos de ley elaborados como es el caso de la LUC. Comencemos por establecer que en este gobierno se visualiza un vínculo directo, así como los efectos de la representación de sectores claves del capital y el poder fáctico del país con el establishment político, repasemos algunos: el agro negocio, el sector financiero, los exportadores, los propietarios de los medios de comunicación, los proyectos extractivitas. Al tiempo que hacen pare de sus bases de sustentación político electorales sectores ultra conservadores, afines en términos de ideas y cosmovisión al pachequismo, a la dictadura, al terrorismo de Estado. Este gobierno sirve, además, como, un relevo del cabildeo ejercido por las cámaras empresariales y las gremiales patronales al actuar directamente como correa de transmisión.
Desgranemos ahora, rápidamente las coordenadas del accionar del gobierno conservador. Un anti estatismo, que limita y pretende desmontar el rol del Estado especialmente en lo referente a la economía; este supuesto comprende un avance de las desregulaciones, junto a las tercerizaciones y privatizaciones, encabalgado en los consabidos ataques a las actividades productivas y comerciales en manos del Estado (Entes Autónomos-“Empresas Públicas”). Se trata de la profundización de una orientación económica aperturista, en la que se le asigna un fuerte papel a la Inversión Extranjera Directa, aseguradora de ventajas para el sector exportador y especialmente para el agro y la agro industria desconociendo la canalización de la plusvalía generada en el país, con una reorientación hacia lo productivo. Consolidación y profundización, al mismo tiempo de una política tributaria, donde el peso esencial está en la imposición al trabajo, asegurando ventajas para el capital y la riqueza acumulada. Otorgamiento de facilidades y estímulos al sector financiero Recurso a las políticas de rigor, ajuste, -para mantener el “dogma” de los equilibrios macro económicos, cuyo peso se hace recaer fundamentalmente sobre los trabajadores, con las consabidas consecuencias sobre el salario y las pasividades. Completando con los beneficios concedidos a los promotores privados de la construcción, aumentando su participación en las actividades especulativas en materia de vivienda. Reformulación de las políticas sociales en un sentido regresivo, imponiendo un sesgo neo clientelar a la matriz asistencialista provocando también saltos hacia adelante en materia de apertura comercial. En buen romance, mas tratados de libre comercio, debilitamiento de la inserción y complementariedad regional. Golpe de timón en la política exterior con un alineamiento mayor a la política de EE.UU y sus principales aliados como Israel, apoyo y seguimiento de la OEA conducida por el tránsfuga de Almagro. Impulsar un proyecto de reforma de la seguridad social, que tendrá la finalidad de dar rienda suelta a la pretensión de aniquilar conquistas y logros sociales. Recortes del gasto social, salud, educación, políticas sociales, vivienda, la reducción del 15% en varios incisos presupuestales y la regla fiscal incluida en la LUC son tan solo algunos adelantos y muestras de la intencionalidad.
Sin olvidar que existe y se ha puesta en marcha la voluntad y el deseo de reforzar a las FF.AA en cuanto a su rol, atribuciones, equipamiento y despliegue; aunque sea obvio que todas estas medidas no se puedan hacer encajar en una política de ahorro y abatimiento del déficit.
Impulsar una reforma educativa inspirada sobre las recomendaciones de UY 21 que limitará la autonomía y las formas de cogobierno, procurará debilitar a la UDELAR, pretenderá poner al servicio de las empresas la capacidad de generación de conocimiento de la comunidad científica, al tiempo que asegurará un nuevo impulso a la mercantilización de la educación en todos los niveles.
Hay una búsqueda deliberada de permear una visión autoritaria en todos los aspectos de la vida social, la que en gran medida se vehiculiza por el uso del aparato coercitivo del estado y por los marcos normativos y las directivas para el accionar de los cuerpos de seguridad y el aparato represivo, de la que hace parte el “policiamiento” de los problemas de sociedad y la inflación penal. Tal como nos lo muestran varias disposiciones incluidas en la LUC, como la de ofensa a la policía, o el porte de arma para los militares en retiro.
Como nos interesa aportar una perspectiva de análisis de clase al sustento político del gobierno conservador, debemos referirnos a algunas de sus pretensiones en materia de tratamiento y manejo del relacionamiento y conflicto entre capitalistas y trabajadores.
Ya que en cualquier análisis de este tipo siempre se debe tener una atenta y rigurosa lectura de la correlación de fuerzas entre las clases, debemos anotar que en la actualidad hay ciertas conquistas (de los trabajadores), especialmente en materia del reconocimiento de la libertad de asociación, de expresión, de huelga y negociación colectiva que no pueden ser atacadas en forma frontal. Por eso, las derechas caen en un discurso políticamente correcto, en el lugar común del reconocimiento del derecho de huelga, al mismo tiempo que defienden, en espejo, el derecho de los no huelguistas; que no es otra cosa que consagrar el derecho el accionar de los esquiroles, carneros en criollo. Los conservadores y consortes apuntan todas sus baterías contra las ocupaciones y los piquetes. Dos modalidades de lucha que integran el arsenal histórico de la lucha de los trabajadores, a la que seguramente no renunciarán por el simple efecto de la imposición de una carga normativa represiva. El gobierno prepara el terreno para su respuesta a lo que sabe será una profundización de las luchas, porque transitamos hacia un periodo de profundización de la lucha de clases abierta y la respuesta de los sectores poseedores se encuentra en el expediente represivo puesto al servicio de las patronales confirmando que se trata de un gobierno integrado por una pléyade de políticos profesionales, que funcionan como capataces del capital y las patronales, en el cual se entreveran, se mechan, algunos intelectuales orgánicos del capitalismo.
Ellos son conscientes que toda política de ajuste acarrea la represión y para ella se preparan, en este sentido fue significativa la inquietud de Jorge Larrañaga cuando asumió el MI al interesarse por cuántos carros lanza agua (guanacos) disponían las fuerzas policiales
Es interesante ver la insistencia en el reconocimiento y la bendición gubernamental a todas las formas de lucha y protesta “pacíficas”, que en parte hacen suya algunos progresistas, porque lo que constituye algo irrefutable, y es que el propio funcionamiento del capitalismo se hace indisociable de la violencia estructural. No se trata de hacer una apología al” “violentismo”, sino tan solo de reconocer un hecho de naturaleza histórica, que no es otro que las expresiones que adoptan la confrontación entre el capital y el trabajo siempre conllevan dosis de violencia. Los conservadores quieren matar los desbordes de los trabajadores contra el orden público y la propiedad, pero se guardan de limitar, controlar, la capacidad de violencia del estado al servicio de los poderosos; por el contrario, en un movimiento inverso procuran reforzarla, actualizarla y mejorarla, simplemente estamos frente a nuevos tiempos y una vieja disputa de concepciones y visiones.
Pero la vocación represiva del programa conservador va más lejos del ámbito de las relaciones entre el capital y el trabajo, ya que encierra una vocación generalizada de represión de toda protesta social a varios niveles y en diversas circunstancias. Toda esta ortopedia represiva, dada la correlación de fuerza actual y algunos antecedentes provenientes de nuestra historia reciente, procurará ser encauzada con apego a la legalidad, extremo que no inhibe su desarrollo que corresponde al estadio actual del desenvolviendo de la vida democrática que reina en el país.
La llegada del Covid19 en desencadenamiento de la emergencia sanitaria, no modificó el rumbo del programa del gobierno de derechas, tan solo ha planteado meras dilaciones y algún rodeo en su implementación.
La aplicación de este programa se hará en forma sostenida y sucesiva, sus avances y logros están condicionado a los resultados de la pulseada que se establecerá con el movimiento popular, que no tiene otra alternativa que construir una gran resistencia organizada y sistemática, al programa conservador, que llevará inevitablemente a enfrentar al gobierno y a descartar cualquier colaboración con el mismo.
El programa de las derechas promovido por una alianza más amplia y compleja todavía que la que se construye en torno a la coalición multicolor, -que se cimienta en un sentido común extendido en la sociedad uruguaya-, podrá ser frenado y tal vez derrotado, en el marco de un proceso de lucha de clases abierta, cuyos principales escenarios estarán radicados en el campo de las luchas sociales y donde la acción política institucional, en sus expresiones, parlamentarias y anexas, ocupará un lugar secundario.
Eduardo Aparicio, integrante del Centro Socialista Blanqueada, Montevideo.