El gobierno que asumió el 1 de marzo viene con un claro mandato y un neto sentido clasista. Esto se ve reflejado en el trabajo llevado adelante para detener el proceso de acumulación de los últimos 15 años, que a través de las políticas sociales y el poder de redistribución del estado favorecía los sectores populares y desmantelar el estado social que el FA venía construyendo revirtiendo el proceso en las direcciones enunciadas por las cámaras empresariales en los últimos tramos del gobierno anterior.
Cuando estalla la epidemia del COVID 19 por un breve lapso pareció anunciarse otro talante y hasta el gobierno hizo profesión de keynesianismo, que por cierto, duró muy poco, sólo el necesario para negar las instancias de diálogo y acuerdo nacional, proclamar que como los empresarios son el motor de la economía, no se les puede castigar con impuestos y por supuesto, inmediatamente, con el envió, tramitación y posterior sanción de la LUC.
Ésta Ley de Urgente Consideración incluye capítulos restrictivos de las libertades que permiten caracterizar a este gobierno -más allá de las gárgaras con la libertad responsable- como neoliberalismo autoritario.
La ofensiva de la derecha para cumplir en definitiva con el mandato primigenio de la burguesía, se despliega ahora en las direcciones señaladas al comienzo de esta nota.
En las dramáticas circunstancias de la pandemia y en el mundo de la pos pandemia, es imprescindible otro rumbo para no comprometer la posibilidad de crecimiento y desarrollo social de nuestro país y para salvaguardar la convivencia defendiendo la democracia.
En contraposición, los anuncios para el próximo presupuesto permiten avizorar un escenario de desmantelamiento del estado social y de las conquistas del ciclo progresista. En lo inmediato, el gobierno, al mismo tiempo que desmantela el sistema de cuidados y ajusta la perilla por el lado del salario de los trabajadores, ha hecho al barrer un recorte de gastos e inversiones de 15%. Si a eso se le suma no hacer los ajustes por inflación, tenemos un recorte del 25%.
Los recortes ya se hicieron notar en servicios universitarios y la promoción de la investigación. Es por ello que se cerraron en estos días los programas vinculados a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, dejando de lado que en tiempos de pandemia es imprescindible seguir invirtiendo en esas áreas, y que muchos de los recursos tecnológicos que nos permitieron enfrentar esta emergencia han sido gestados con recursos humanos y materiales procedentes de las instituciones afectadas por estas medidas.
Si intentamos demostrar éstas medidas en cifras, los recortes que afectan a las instituciones científicas se valoran en 383 millones de pesos anuales y si a esto se suma el que sufre la Udelar, la cantidad asciende a 883 millones.
En un escenario como el planteado, de recorte y crisis, la derecha pretende que los costos caigan sobre los trabajadores, y es así que las conquistas obtenidas como el sistema de salud, el empleo, los salarios, etc, corren riesgos.
Frente a esto, el día jueves 30 de julio, miles de ciudadanos participaron en una movilización convocada por la Intersocial, integrada entre otras organizaciones por el PIT-CNT, FUCVAM, FEUU y colectivos feministas, con una plataforma que incluía la renta transitoria de emergencia, medidas para enfrentar la violencia de género, la defensa de la negociación colectiva, y el rechazo a la LUC y a los recortes presupuestales.
¿Cómo seguimos ahora para enfrentar una crisis profunda y global, la cual requiere defender y profundizar el estado de bienestar y la democracia ante la ofensiva en el sentido opuesto de la derecha gobernante? ¿Cómo nos organizamos, acumulamos fuerzas, gente y experiencias?
Se visualizan dos alternativas que no son en principio excluyentes.
Una pasa por impulsar el referéndum por la derogación de la LUC juntando las firmas necesarias en un plazo que puede ir hasta julio de 2021 y posteriormente convocar a la ciudadanía a las urnas.
Ésta posibilidad de acción tiene a su favor que en lo simbólico y político, diseña los campos enfrentados y permite unificar fuerzas con un objetivo ya construido, lo cual apunta a la acumulación política y social de las fuerzas populares.
Como algo en contra de la convocatoria a un plebiscito, está lo imprevisible de los escenarios que se diseñarán a mediados del año próximo.
Es una alternativa que no puede afirmarse o descartarse sin un previo examen y acuerdo con el conjunto de estas fuerzas.
El otro camino, que sea cual sea lo que se resuelva respecto al referéndum contra la LUC, siempre va a ser imprescindible asumirlo, es el lento y laborioso proceso de volver a tejer y potenciar la unidad política y social de las fuerzas populares.
Hablar con todos, articular con todos, con todas las organizaciones y con todos los actores de la vida social, los organizados y los no organizados.
Hoy tenemos una sociedad más compleja, más fragmentada, más diversificada -los que acceden a los bienes sociales a través del estado, o a través del mercado, o los que no acceden a esos bienes-que la que conocíamos.
La tarea pendiente también es seguir forjando el bloque popular alternativo que no es sólo la suma de organizaciones, sino que es la capacidad de articular trabajadores y capas medias con un programa común, tarea siempre presente y en que al ser insuficiente, nos llevó el año pasado entre otros factores, a perder las elecciones.
Ésta labor nos corresponde a todos, pero la tarea articulatoria es en primer lugar una tarea de la fuerza política, quien tiene ahora en lo inmediato la jornada electoral del 27 de setiembre.
Dialogar, articular, proponer, escuchar a la sociedad, y movilizarnos para enfrentar a la derecha y elaborar en ese diálogo un programa de medidas en el sentido de la profundización de la democracia y las conquistas sociales desmercantilizadoras para seguir avanzando, será lo primordial para mantenernos fuertes a mediano y largo plazo.
