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ANEP acorralada: entre el ajuste y la reforma

ANEP Acorralada: Entre El Ajuste Y La Reforma

Escribe Karina González – Profesora de Historia, Licenciada en Ciencias de la Educación – Militante CS Proa Sur

Los cambios en educación llevados adelante por la coalición, son impulsados mediante diferentes acciones, a continuación les invito a reflexionar sobre algunas de ellas. 

Los que nos trajo la LUC

Uno de los puntos más importantes que habilitó la LUC, fue el cambio de la gobernanza de ANEP. Esto implica que docentes de Primaria, Secundaria y UTU dejen de estar representados en la dirección de estos organismos. A su vez se transformó en opcional la convocatoria del Congreso Nacional de Educación, ámbito de enorme amplitud en que tanto organizaciones de distinta índole como vecinos/as, podían participar opinando de educación. También se desestimuló la participación estudiantil en los Consejos de Participación. En síntesis, se allanó el camino para que las comunidades educativas no fueran partícipes del cambio anunciado.

Con la LUC también se dejaron sentadas las bases normativas para la creación de los “liceos modelo” que anunciaron en campaña. Se indica que estos tendrán una mayor autonomía, con la creación de un segundo estatuto del funcionario docente. Es decir, se cambian las condiciones laborales para algunos/as docentes, sin negociación colectiva y concediendo potestades sin precedentes a las direcciones. Estas podrán armar sus propios planteles en cada centro, lo que se presta a prácticas clientelares inadmisibles en lo laboral y que afectarán la educación de los y las estudiantes.

La LUC, también en el ámbito educativo, tendió a hacer retroceder al Estado. Concedió mayor peso en instancias de coordinación educativa y conducción de ANEP, a referentes de instituciones educativas privadas, e incluso a otros empresarios ajenos a la educación.

Finalmente, con la LUC se renunció al proyecto de creación de Universidad de la Educación y en su lugar indicó la creación de un procedimiento de reconocimiento universitario de carreras con varias falencias: es voluntario, lo cual genera fragmentación de la formación de docentes a nivel país; incluye una prueba externa aplicada por INEED (que no es una institución universitaria); el reconocimiento lo da el MEC (violando autonomía de ANEP) y pone el énfasis en el título, no en el proceso. 

El ajuste

En la actual Rendición de cuentas, se consolida la tendencia del recorte presupuestal en ANEP. Entre el presupuesto 2019 y el 2021 hay una reducción de US$137 millones. Otra cuestión a valorar, es la diferencia entre lo solicitado y otorgado. Mientras ANEP -encabezada por el oficialismo- solicita US$121 millones en su mensaje presupuestal, el Poder ejecutivo otorga US$68 millones (Art. 347 de la Rendición). ¿Cómo se compensa la diferencia? El discurso del ahorro se derrumba, si lo que se va a hacer es recurrir a endeudamiento con organismos internacionales. 

Este proceso de ajuste no se condice con el proceso de crecimiento económico que actualmente atraviesa el país. Por lo tanto, está habiendo enriquecimiento a costa de la educación, entre tantas otras áreas. 

El desmantelamiento

Los efectos más claros de la política presupuestal son la pérdida de salario real docente (8%), la reducción general de horas docentes y la cantidad de grupos. Esto implica una reducción de la inversión anual por estudiante. 

El discurso de la austeridad, tiende a concentrarse en las propuestas educativas que requieren mayor inversión por la extensión del tiempo pedagógico, infraestructura o figuras de acompañamiento: 

  • Maestros comunitarios en Primaria (se les recorta 2 meses de salario);
  • Maestros dinamizadores Ceibal en Primaria (recorte de 160 a 130 cargos);
  • cuestionamientos sobre a quién brindar alimentación en las escuelas, propuesta de que parte del impuesto de primaria vaya para financiar alimentación en media, propuesta de que se desafecte propiedades de cumplir con el impuesto;
  • recorte de horas de tutorías en Secundaria (sustituídas parcialmente por horas de acompañamiento designadas discrecionalmente);
  • cierre definitivo de Aulas comunitarias en Secundaria; 
  • reforma del plan FPB en UTU (reduce la población objetivo, la duración de los cursos, elimina figura de educador, reduce coordinaciones e integración de asignaturas, elimina formación en ciudadanía y derechos laborales);
  • reducción de las becas de Educación Media (10000 becas menos del PUE), resintiendo la atención a quienes necesitan mayores acompañamientos por su situación de vulnerabilidad social. 

Todo lo anterior en un contexto de crisis económica y post pandémico. 

La reforma

El avance de la llamada “Transformación educativa” es muy acotado, siendo que a la mitad del período, la mayoría son solo anuncios. Esta lentitud se atribuye desde el oficialismo a la pandemia. 

A continuación comparto algunos de los principales problemas que evidencia el  proceso:

  • Prescinde absolutamente de la opinión de las comunidades educativas

Señales de ello son que no se respeta el trabajo de las ATD (sus tiempos y opiniones contrarias a la reforma emitidas), se sustituye la participación colectiva por formularios en línea para estudiantes y docentes, entre otras.

  • Se realiza en un clima de persecución a docentes y estudiantes

A modo de ejemplo: el abordaje parlamentario del tema licencias sindicales, reducción de las horas de licencia sindical en Secundaria, cierre de comisiones bipartitas en UTU, amenaza a estudiantes de liceos de ser sancionados si resuelven ocupar, etc.

  • Carece de los tiempos institucionales necesarios para los cambios profundos que se anuncian

Las formaciones para quienes aplicarán la transformación en marzo 2023 se proyectan entre agosto y diciembre de 2022. Estos cursos parecen aproximaciones muy superficiales al nuevo marco y no se cuenta aún con esbozos de los programas.

  • Atribuye las dificultades de permanencia y egreso en la educación obligatoria a cuestiones exclusivamente curriculares

Con esto se desconoce la multicausalidad de la vinculación educativa. El Marco Curricular Nacional propone un trabajo en torno a competencias y educación socio emocional, los que revelan una impronta mercantilizadora, que busca formar para el mercado laboral y renuncia a la transmisión cultural intergeneracional que debe tener la educación. A su vez, con una óptica meritocrática, responsabiliza al individuo de su propia suerte, enfatiza en la necesidad de autorregulación de las emociones, la noción de liderazgo, esfuerzo, éxito, desconociendo los contextos y su influencia en la vida de las personas. 

Centros María Espínola (CME): el buque insignia

En campaña, una de las promesas electorales centrales fue la creación de 136 liceos modelo. Sin embargo, al llegar al gobierno proyectan que implementarán 60 centros de ciclo básico (representarán sólo el 10% de los centros existentes en Liceo y UTU). ¿Cuál puede ser el impacto de una apuesta tan pequeña? Proponen como innovación: tres comidas, talleres a contraturno y tres figuras pedagógicas. Sin embargo, muchos de estos centros ya contaban con alimentación y talleres con anterioridad (los Centros Educativos Asociados). La implementación ha pasado por dificultades y las familias no han tenido las condiciones prometidas al momento de la inscripción. Sobre los talleres, es preocupante la designación discrecional de los talleristas -no respetando escalafones docentes-, así como los contenidos -no avalados por las inspecciones de asignaturas-.

En síntesis

La movilización social denuncia los cambios que se vienen desarrollando, así como la incertidumbre que generan las difusas promesas de cambio.

La actual administración buscó en primera instancia blindar los espacios de toma de decisión, luego expolió el presupuesto educativo y finalmente pretende a contrarreloj una serie de cambios basados en el individualismo y la competencia. Se pierden apoyos, diversidad en las propuestas y orientaciones, cupos, se pierde salario, se renuncia a la transmisión cultural integral y se reafirma la idea de que el logro de una vida digna está en las manos de cada estudiante, renunciando el Estado a ser garante de los derechos de todas las personas. 

Karina González

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