ALERTA
Nuestro pueblo se encuentra en estado de alerta. Los colectivos sociales y políticos que defendemos los intereses de las mayorías debemos alzar la voz.
Estamos en alerta por la crisis del agua; por la pobreza y la emergencia alimentaria; por la violencia creciente; por la ofensiva contra los derechos de las y los trabajadores, los y las estudiantes, las infancias, las mujeres; por la corrupción y el clientelismo.
1) ALERTA POR EL AGUA Y LA VIDA
La emergencia hídrica que vive el Uruguay tiene múltiples causas. La lógica capitalista y los modelos productivos -extractivistas y contaminantes- que predominan en el mundo, en la región y en el país, así como los patrones de apropiación, explotación y consumo de bienes comunes asociados a ellos, guardan directa relación con el cambio climático y también con el mal uso distribución de recursos esenciales para la vida.
En Uruguay son muchas las personas y colectivos que reclaman, desde hace largo tiempo, que se priorice el agua para el consumo humano, a la vez que denuncian la presión del agronegocio sobre los ecosistemas, la ausencia de medidas efectivas para el cuidado de las cuencas y más recientemente la flexibilización de normas referidas al mal uso de recursos acuáticos por parte de las empresas.
Señalamos aquí un problema de carácter estructural, que se ha agudizado. En la disyuntiva entre el capital y la vida se elige, una y otra vez, priorizar la tasa de ganancia del capital.
A su vez la inversión pública en agua potable no se ha sostenido en el tiempo en los niveles necesarios y Uruguay tiene pendiente la concreción de proyectos fundamentales para garantizar el abastecimiento a toda la población, entre ellos el de la represa de Casupá.
Frente a la crisis actual las autoridades han permanecido durante meses indiferentes, planteando como posible alternativa una falsa solución: la del llamado “Proyecto Neptuno”, un gran negocio para unas pocas empresas, que no resolvería el abastecimiento de agua potable a todo el país y que además, dados la reiteración de eventos de salinidad y los problemas de calidad del agua en el Río de la Plata, generaría nuevas dificultades. El gobierno apuesta a un proyecto privatizador, inconstitucional, costoso para el Estado y que engrosa los bolsillos de unos pocos sin aportar una solución real y adecuada para los problemas que se agravan. Lo hace negando además la participación de usuarios y sociedad civil, contrariamente a lo que exigen las normas vigentes, incluso los tratados internacionales suscritos por el país.
En las últimas semanas la situación de déficit hídrico llevó a las autoridades a modificar la calidad del agua que se suministra a la zona metropolitana. Estos cambios implicaron un aumento significativo de la salinidad y otros efectos con implicancias sobre la potabilidad, que a su vez pueden generar complicaciones serias al sistema de salud, así como a variadas actividades sociales y productivas. Durante estos años, en función de las restricciones presupuestales que le impone OPP, la OSE redujo las inversiones y por sobre todo se ha impedido el ingreso de nuevos trabajadores y trabajadoras, limitando de este modo las posibilidades del Estado para brindar soluciones efectivas frente a situaciones como las que actualmente atravesamos. En OSE se pierde en el entorno del 45% del agua potable que producimos. Sin mantenimiento, sin inversiones, sin funcionarios, este panorama sólo se seguirá agravando y el desastre se utilizará como excusa para la estrategia privatizadora.
Además de la imprevisión y la improvisación, es alarmante la falta de información pública de calidad, el uso de eufemismos y expresiones confusas por parte de quienes, por mandato constitucional, deben hacerse cargo de la situación. También es inaceptable el incentivo a la búsqueda de soluciones individuales que, además de carecer de una lógica elemental de justicia, sólo estimulan comportamientos que pueden agravar la crisis, pasando de un problema de calidad de agua a un problema de abastecimiento. Como contracara, se ha visto una acción rápida y asertiva de la Intendencia de Montevideo que se propone aportar, dentro de sus posibilidades, a la búsqueda de soluciones.
Frente a esta realidad, reivindicamos el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental, insistimos en la necesidad de gobernar en base a evidencia, disponibilizando información de calidad, sin secretismos ni distorsiones, también reclamamos la realización de las inversiones necesarias para el desarrollo de un servicio público esencial y la defensa de un bien que es patrimonio intergeneracional, terminando con los atajos privatizadores. A su vez defendemos la necesidad de cambios estructurales sobre los modelos de producción y consumo, incorporando seriamente la perspectiva de la justicia ambiental y social, y concibiendo la disponibilidad del agua para la vida de las comunidades como irrenunciable.
2) ALERTA POR LOS DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES
Hace pocos días el Senado de la República terminó de aprobar un proyecto regresivo en materia de derechos laborales y negociación colectiva. A renglón seguido de una reforma jubilatoria que – para beneficiar a las AFAP y blindar a otros sectores del gran capital – nos obliga a trabajar más años y ganar menos, se sigue intentando debilitar la organización sindical. Para eso se desprotege a las y los trabajadores de los sectores con mayor debilidad organizativa, y se afecta un principio básico de la lucha obrera: la permanencia y acumulación de las conquistas consagradas en los ámbitos de negociación colectiva.
En lugar de discutir la reducción de la jornada de trabajo, soluciones para el desempleo juvenil, la democratización de la plusvalía tecnológica o las consecuencias y posibilidades de un mundo laboral cambiante, el mismo gobierno que ha recortado sostenidamente el salario real y ha limitado el derecho de huelga, vuelve a lanzar una ofensiva contra la clase trabajadora.
3) ALERTA POR LAS INFANCIAS Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
La alerta incluye también el grave retroceso en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes que implica la mal llamada ley de “corresponsabilidad en la crianza”, aprobada recientemente en la Cámara de Diputados. Esta ley, centrada en los intereses de una parte del mundo adulto, expone a niñas y niños a vincularse con violentos y abusadores.
En el debate, legisladores del gobierno han expresado la intención de ir contra la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. El clima que rodea esta ofensiva es de creciente hostilidad hacia los movimientos feministas, llegando incluso al agravio personal contra activistas reconocidas por su trayectoria de defensa de los derechos de las mujeres y las infancias.
4) ALERTA POR LA CORRUPCIÓN Y EL CLIENTELISMO
Mientras todo esto sucede estallan escándalos de corrupción y clientelismo a lo largo y a lo ancho de toda la coalición de gobierno. Se trata de formas de ejercicio arbitrario del poder que, a distinta escala, revelan una trama de corrupción estructural incompatible con el sentido republicano que la coalición repite como eslogan pero no practica.
En el Uruguay de hoy, gobernado a la medida del capital, se sigue vulnerando el derecho a la alimentación, ahora también el de acceso al agua potable. A su vez se retrocede en materia de derechos de la clase trabajadora, las mujeres y las niñas, niños y adolescentes. Todo en un campo minado de corrupción y donde la participación ciudadana es continuamente estigmatizada, incluso la de las y los estudiantes que se movilizan contra el autoritarismo en el sistema educativo.
Las organizaciones y las personas no sectorizadas que fundamos “Izquierda y Libertad” insistimos en la necesidad de recuperar el debate de ideas, reivindicar la política de la dignidad, hecha desde la gente común, y aportar a la construcción de un proyecto de sociedad, que implique cambios profundos para enfrentar los problemas estructurales del país, a la vez que aborde propositivamente los desafíos de esta coyuntura crítica que atravesamos.
En ese sentido, y mientras aportamos al proceso de elaboración programática del Frente Amplio, hemos resuelto apostar a la realización de asambleas abiertas de carácter temático como espacios de encuentro, discusión y elaboración.
Anunciamos la realización, entre los meses de junio y julio, de al menos dos asambleas de este tipo: una sobre los modelos productivos y los desafíos del mundo del trabajo; otra sobre la radicalización de la democracia.
Nos proponemos desarrollar allí algunas de nuestras banderas: – diversificar la producción y ganarle terreno al gran capital; – frenar el extractivismo y el descarte, por la tierra, la soberanía alimentaria y la agroecología; – garantizar ingreso, trabajo y salario digno, con énfasis en la autogestión y la economía social y solidaria; – construir una democracia sobre nuevas bases, con énfasis en la participación, la convivencia y la plena vigencia de los Derechos Humanos; – democratizar las Fuerzas Armadas.
Mientras tanto abordaremos también, con el conjunto del campo popular, la discusión imprescindible sobre el posible uso de instrumentos de democracia directa para, entre otras cosas, garantizar una seguridad social justa y solidaria.
Mayo es el mes de las y los trabajadores, también el de la memoria, la verdad y la justicia. En junio recordaremos los 50 años del golpe de Estado y la Huelga General.
Comprometidas y comprometidos con la vida del pueblo trabajador, con los Derechos Humanos y con la lucha por una democracia más profunda, nos convocamos para traducir nuestra alerta en caminos de esperanza.
Necesitamos que florezcan ideas nuevas para un país digno, justo, solidario, libre, soberano, sin violencias; necesitamos transformar las relaciones de poder.
Izquierda y Libertad
14 de mayo de 2023
