Escribe Mónica
Uruguay es el único país de la región que no permite el voto a sus ciudadanos residentes en el exterior. Negar el voto a los ciudadanos que no están en el país constituye una clara mutilación a la democracia. El derecho a votar tiene rango constitucional.
Nuestra diáspora está constituida por no menos de medio de millón de compatriotas, una enorme proporción comparada con quienes habitamos en nuestro territorio. A todos esos uruguayos que emigraron, por las más diversas circunstancias, muchos de ellos exiliados políticos o económicos, en tiempos y circunstancias que nada tienen que ver con las actuales, hay quienes, en pleno siglo XXI, arrogándose el derecho a clasificarlos como ciudadanos de segunda categoría, les niegan el derecho a votar. Cualquier excusa que pretenda perpetuar esta flagrante injusticia ataca el consagrado derecho del voto universal.
Tampoco se le debe negar el derecho al voto a las nuevas generaciones que tienen vidas asociadas a la migración – por oportunidades laborales circunstanciales o becas de estudio – de una forma notoriamente más dinámica que antes.
La Coordinadora por el Voto en el Exterior (CVE) trabaja hace años aunando esfuerzos de la Sociedad Civil y de los Partidos Políticos para que se consagre este Derecho. A estos esfuerzos se ha sumado la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo recomendando al Poder Legislativo, en reiteradas oportunidades, que se establezca el Voto Exterior para Uruguay. En ese sentido también se han manifestado a favor del Voto en el Exterior instituciones como el PIT-CNT, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, integrantes del Poder Legislativo, integrantes de la Academia, Expertos en Ciudadanía, Migración y Derechos Humanos.
La CVE no tiene posición sobre la modalidad y el alcance que debe tomar el voto exterior (consular, epistolar, electrónico), pone toda su dedicación para que se garantice el Derecho a votar y que el lugar de residencia no sea más impedimento. Reitero el concepto, el hecho de residir fuera del país no debe obstar el ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía, salvo que se haya operado la naturalización en otro país.
Los argumentos de quienes arbitrariamente restringen este legítimo derecho se basan en lógicas extemporáneas por donde se las analice. Por ejemplo, arguyen que esos compatriotas no quedarían sujetos a las decisiones de los gobernantes que ayudarían a elegir. Argumento falaz si los hay por lo menos por dos razones. Primera, aunque los compatriotas vivan en el exterior igualmente se ven afectados por los acontecimientos que sucedan en el país. Segunda, el razonamiento aplica a quienes no tienen las condiciones económicas pero exceptúa a quienes sí tienen las condiciones económicas y de tiempo para venir a votar. Absoluta discriminación.
A nadie escapa que el trasfondo de esta prohibición es un cálculo de supuesta conveniencia electoral. Gran parte de la derecha local – cabe reconocer que no toda – no habilita este legítimo derecho porque teme que tampoco la mayoría los apoye desde el exterior. Es una actitud arcaica, carente de sensibilidad y cultura ciudadana.
Nuestro país avanzó en una enorme cantidad de derechos que hasta hace muy poco tiempo resultaban inimaginables. Ya no hay margen para seguir postergando el derecho a votar a todos los uruguayos que están en el exterior – o que decidan marcharse en el futuro -. Debemos ponerle fin a una medida claramente absurda por discriminatoria. Los uruguayos que viven fuera del país no son menos uruguayos que quienes vivimos aquí. No hay ningún argumento que justifique seguir perpetuando la proscripción de medio millón de uruguayos.
