Escriben Silvina Merenson y Alex Martins Moraes
El próximo 4 de septiembre, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, “la UTAA”, cumple 60 años. Aunque en la vida de las sociedades las “fechas redondas” condensan procesos que las exceden, nos permiten ensayar celebraciones, homenajes, balances y preguntas. Desde comienzos de los años sesenta, la experiencia de sindicalización rural llevada adelante en Bella Unión trascendió ampliamente el mundo del trabajo para incorporarse al vocabulario y a las referencias obligadas para narrar la historia política del país. Sus cinco marchas hacia Montevideo entre 1962 y 1971 jalonaron las más diversas sensibilidades y repertorios políticos, particularmente en la joven izquierda montevideana. En esa tarea, El Sol cumplió un rol crucial. Queremos detenernos en aquel momento fundacional, para luego dar un salto al presente que nos permita delinear apuntes, formular preguntas del ahora.
Ya lo largo del año 1960, El Sol publicó una serie de notas y análisis acerca de la tenencia y concentración de la tierra en el país. La reforma agraria era uno de los puntos de un programa antiimperialista que, a su vez, permitía delinear dos adversarios locales concretos: los “verecundos pitucos de ‘El País’” y “los dolarizados ‘gremialistas’ de la C.S.U” (El Sol, 8-9-1961: 8).
La situación “en el campo”, particularmente la vida del “hombre de campo”, llegaba para cuestionar estereotipos que regresaban una y otra vez a la oposición campo/ciudad para aludir a las fronteras internas: “No sabemos si cuando ‘desde el asfalto’ se habla de la haraganería del hombre de campo se está aludiendo a ese grupo de hombres y mujeres tan uruguayos como nosotros. Basta conocer en el medio en que se mueven para darse cuenta que esa fábula no es sino otro aspecto del simplismo” (El Sol, 8-9-1961: 9).
Ya en 1961, El Sol es la primera prensa partidaria de alcance nacional que envía corresponsales a Bella Unión. Publica entonces uno de los primeros reportajes realizados a Edison Vique y Jorgelino Dutra, dirigentes de la UTAA, e informa sobre el conflicto gremial y las gestiones realizadas por la bancada socialista encabezada por José D’Elia para resolverlo. En el verano de 1962, aquello que había comenzado como una demanda por mejores condiciones de trabajo y el pago de jornales adeudados y que ocupaba la sección sindical del periódico, escaló hasta ocupar enteramente varias de sus portadas.
En ello, en buena medida, tuvo que ver la masiva convocatoria que despertó el nuevo sindicato en el norte del país. Sin embargo, no fue menor aquello que el PSU logró condensar a partir de tal movilización: un conjunto de valores y conductas que, al mismo tiempo en que permitían identificar al sujeto político de su revolución, proyectaba un debate crucial respecto de la inscripción nacional/latinoamericana del socialismo uruguayo.
La vida cotidiana en el campamento a orillas del Itacumbú era una referencia ineludible. Las notas de Ettore Pierri, secretario de redacción de El Sol, y las fotos Carlos Varela y Jaime Pernas destacaban su carácter aleccionador, centrado en la “disciplina” y la organización con que se asumía cada tarea, la “seriedad” con que eran conducidos los debates, el “sacrificio”, la “ayuda mutua”. Pero, “por sobre todas las cosas el sentido profundamente arraigado del espíritu de compañerismo que preside la vida comunitaria” (El Sol, 16-2-1962: 4). Cuando estos rasgos son leídos a contrapelo de las condiciones descritas para la vida de los peludos y sus familias, puede captarse, en el mismo gesto, los elogios, críticas y convocatorias que caben en una pedagogía política: “Los peludos necesitan nuestra solidaridad, tenemos que ayudarlos moral y prácticamente. Pero, sobre todo tenemos que entender nosotros mismos, que la lucha de estos hombres reclama nuestra lucha, permanente, profunda, hasta el triunfo” (18-5-1962: 7). En esta lógica nosotros/ellos, Raúl Sendic enunciaba la mediación que encarnaba las claves de la traducción y de la opción esperada: “Modesto, lleno de virtudes e inteligencia (…) un socialista cabal que abandonó las comodidades que siempre rodean a un profesional brillante para vivir junto a los oprimidos” (13-4-1962: 3).
Todo lo anterior resulta relevante puesto que no dejaba de estar atravesado por una búsqueda que rompía el molde y daba lugar a la perplejidad. En el balance realizado a 6 meses de creada la UTAA, El Sol reflexionaba: “Nunca, hasta la fecha, habíamos participado en una experiencia similar. No nos había sido dado pulsar una realidad de esta naturaleza. Es por eso que todo se nos aparece como un fenómeno totalmente nuevo, revolucionario, se trata aquí de la cabeza de un movimiento cuya columna vertebral es el sindicato rural” (13-4-1962: 4).
¿Cómo nombrar a los hombres y las mujeres que abandonaron sus puestos de trabajo y marchaban a Montevideo? ¿Dónde situarles? Las más de cincuenta notas publicadas entre 1961 y 1965 alternan y combinan nominaciones: “obreros”, “trabajadores”, “campesinos”, “cañeros” y “peludos”. Cada una de ellas consideraba una dimensión identitaria que delimitaba un sujeto político trascendente: tributario de las tradiciones que le podían ser adjudicadas, remontadas al legado artiguista, reunía los rasgos diacríticos necesarios para narrar al Uruguay más allá de su capital o de las fronteras nacionales. Al menos en parte, en ello residía su encanto, pero también la dificultad para aprehenderlo en los marcos interpretativos que se alternaban entre un ideario socialista de corte nacional que derribaba las murallas que separaban el “campo” de la “ciudad” pero reforzaba la excepcionalidad (cf. El Sol, 16-2-1962: 4) y otro que buscaba denodadamente su horizonte latinoamericano.
Las notas de El Sol se dirimieron, justamente, en apuntar la creación de la UTAA y su novedosa acción sindical como una experiencia excepcional –“Sin necesidad de copiar experiencias ajenas (…) el campesinado uruguayo ha iniciado una movilización que será histórica” (23-2-1962: 4)– o, de lo contrario, buscar sus conexiones transfronterizas y transnacionales con las contemporáneas ligas campesinas brasileñas referenciadas en Leonel Brizola y Francisco Julián y la revolución cubana para sostener que “los trabajadores uruguayos nos haremos una absurda excepción” (16-3-1962: 13), que “la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas señaló la incorporación de nuestro país a un proceso general revolucionario” (18-5-1962: 7).
Hasta 1965 El Sol cubrió con suma sistematicidad el accionar de la UTAA. En este mismo año, la renuncia al PSU de Raúl Sendic y otros militantes vinculados al sindicato cerró un ciclo y bifurcó caminos orgánicos. Por debajo persistieron los vínculos que, con el correr de los años, se volvieron mucho más que gestos solidarios.
Para el año 2006, los itinerarios de quienes se habían incorporado al Frente Amplio (FA) tras el experimento guerrillero de los ’60 volverían a cruzarse con los derroteros de un movimiento popular que revisitaba las memorias de la lucha agraria y actualizaba, en una nueva coyuntura, las consignas fundacionales de la UTAA. “Tierra para el que la trabaja” fue la reivindicación desde la cual el sindicato se propuso intervenir en un potente proyecto de desarrollo agroindustrial que apuntaba a incluir la zona de Bella Unión en el mapa del nuevo Uruguay Productivo anunciado por Tabaré Vázquez en la victoriosa campaña electoral del 2004. Nucleado por la empresa Alcoholes del Uruguay Sociedad Anónima (ALUR), el flamante complejo sucro-alcoholero emergió como una respuesta plausible a las expectativas de aquellos sectores de la sociedad bellaunionense que apostaban a la vocación cañera de la economía local e identificaban en el Estado nacional un actor estratégico que podría asegurar la viabilidad de una agroindustria terriblemente afectada por la agresiva competencia del MERCOSUR.
El primer gobierno del FA puso en marcha una sólida estrategia de expansión de los cañaverales de Bella Unión: el ingenio de la endeudada CALNU fue arrendado y modernizado por ALUR; los productores de la zona recibieron créditos para ampliar sus cultivos y la caña de azúcar encontró un mercado estable, ampliamente dinamizado por la demanda de biocombustibles procedente de ANCAP.
Todo parecía marchar sobre sus carriles en Bella Unión hasta el día en que las bases de la UTAA, articuladas a otros sindicatos de la ciudad decidieron, literalmente, “salirse del surco”. Reivindicaban una política agraria de corte popular, compatible con la producción de alimentos, la democratización del acceso a la tierra y la participación de los trabajadores del campo en la gestión directa y vinculante de los proyectos de desarrollo patrocinados por el gobierno progresista. Su primera acción fue la ocupación de tierras fiscales llevada a cabo el 15 de enero de 2006. Poco tiempo después, de visita a Bella Unión, el entonces titular del MGAP, José Mujica, se referiría a la postura de la UTAA como “un palo en la rueda contra los que estamos gobernando”. Era demasiado tarde, o demasiado temprano, para volver a hablar de “tierra para el que la trabaja” en el extremo norte del Uruguay.
Pese al malestar causado por la ocupación, los planificadores del proyecto sucro-alcoholero se dispusieron a negociar un pacto de coexistencia entre las reivindicaciones agrarias impulsadas por el sindicato y la reactivación de la economía azucarera bajo los auspicios de ALUR. En efecto, fue desde las oficinas de dicha empresa que se extendió a la militancia de la UTAA una propuesta de acceso a la tierra basada en la producción cañera (y, por tanto, en el reclutamiento sistemático de mano de obra asalariada) y condicionada por préstamos productivos sujetos al cobro de intereses. Fuera del debate quedó la participación directa de los trabajadores rurales en la administración de la estrategia desarrollista programada para Bella Unión. En estas condiciones, la estrategia productiva del progresismo uruguayo pudo cobijar diversos experimentos de acceso a la tierra que pusieron alrededor de 1.400 hectáreas bajo control de ex asalariados rurales, en su mayoría procedentes de las filas de la UTAA.
La perplejidad ante “un fenómeno totalmente nuevo, revolucionario” que se prolongaba, en las páginas de El Sol, en el interés por la dimensión transformadora de la “vida comunitaria” cultivada a orillas de arroyo Itacumbú parece reflejar expectativas algo distintas a las que ha pautado – “palo en la rueda” mediante – la relación entre el gobierno progresista y el sindicalismo popular de la UTAA. Claro está, en una y otra situación, los protagonistas no eran los mismos. Si en los ’60 la acción política de los “peludos de la UTAA” era abordada por la izquierda montevideana desde una pregunta sobre su propio destino histórico – un destino que encontraba en los “peludos” la posible solución de un enigma –, ¿qué podemos decir respecto de las apuestas que pautaron la difícil relación del gobierno progresista con la lucha agraria de la UTAA en años más recientes? ¿Qué esperaba el frenteamplismo de sus interlocutores en la UTAA? Intuimos que estas cuestiones podrían introducir un balance parcial de cómo el progresismo pensó su política de Estado en relación con la emergencia de nuevos protagonismos políticos populares. A su vez, dicho balance podría resultar estratégico para comprender por qué algunos de entre quienes habían sido tomados como los principales beneficiarios de la transformación económica afianzada por ALUR en el norte del país, hoy coquetean con el gobierno de Lacalle Pou y parecen hacer poco caso a las expectativas de reconocimiento de los avances conquistados bajo el progresismo.
Ocupación de tierras de noviembre de 2015. Arden los neumáticos en la banquina de la Ruta 3. Una militante sostiene la histórica bandera de la lucha agraria de la UTAA en los ‘60. Foto: Alex Martins Moraes.
En esta oportunidad, no podemos más que indicar algunas claves de respuesta para las cuestiones arriba planteadas. Partiremos de un caso concreto que hemos podido acompañar y analizar en otras ocasiones: la última vez que la UTAA ocupó tierras durante un gobierno frenteamplista para reivindicar su política agraria. Esto sucedió en noviembre de 2015. La descripción general del caso ya nos aporta un elemento importante para concebir su especificidad: UTAA esgrimía una política agraria que no coincidía exactamente con la del gobierno nacional. En todo caso, el sindicato no dejaba de reconocer en ese gobierno su gobierno, es decir, un interlocutor legítimo para hablar de política.
Para el 2015, algunos de los principales dirigentes del sindicato trabajaban con una concepción de política que estaba definida por la oposición entre “lucha” y “gestión”. Por lo general, “gestión” se refería al ámbito de las reivindicaciones sindicales o a las disputas trabadas en el contexto del complejo agroindustrial sucro-alcoholero. Hacer “gestiones” era tramitar demandas puntuales en el campo de posibilidades definido por la agenda oficial o la normativa vigente. Por otra parte, “luchar” era definir las condiciones de posibilidad para que nuevas y viejas esperanzas se hicieran cumplir. La política agraria de la Comisión Directiva de la UTAA se enmarcaba en el espacio de la “lucha”, razón por la cual sus lineamientos fueron definidos junto a las bases del sindicato, a lo largo de sucesivas reuniones de trabajo que redundaron en la formulación de un “proyecto piloto” de reforma agraria, orientado a la promoción de la agricultura familiar y al abastecimiento de los mercados locales.
El proyecto piloto de la UTAA fue encaminado al INC en forma concomitante con la ocupación de 200 hectáreas pertenecientes a dicho organismo, situadas a la altura del kilómetro 613 de la Ruta 3. Esta medida de lucha apuntaba a amplificar la difusión de las propuestas del sindicato y asegurar una superficie territorial que permitiera la inmediata puesta en práctica de los primeros experimentos de trabajo colectivo anticipados en el proyecto piloto.
En su primera reunión con los ocupantes de tierras, los negociadores del gobierno sostuvieron básicamente el siguiente punto de vista respecto de los planteos que tenían sobre la mesa: la reforma agraria consistía en una perspectiva muy lejana, aunque la “inclusión social y productiva” de los trabajadores de Bella Unión ya configuraba un hecho palpable; la UTAA, a su vez, ya había sido beneficiada por una política agraria consistente, de manera que la cuestión esencial en aquel momento no sería la distribución de la tierra, sino la diversificación de su uso; ALUR y el INC ya habían hecho posible el desarrollo de formas adecuadas de democratización del acceso a la tierra en el norte uruguayo: este era el horizonte estratégico en el cual habría que operar.
Ante estas ponderaciones, uno de los dirigentes de la UTAA creyó por bien realizar la siguiente aclaración: “nosotros no estamos pidiendo que nos ayuden, que nos incluyan o lo que sea. Estamos ayudando a ustedes a encontrar soluciones”.
No obstante, el posterior desarrollo de las negociaciones entre el sindicato y sus interlocutores en la esfera estatal se mostró decepcionante desde el punto de vista de las soluciones anunciadas en el “proyecto piloto”. En síntesis, el INC asignó una parcela de 200 hectáreas a 20 familias de clase trabajadora, pero defendió la división de la unidad productiva en negocios independientes que, al fin y al cabo, nunca llegaron a formarse en razón del lento goteo de los recursos públicos destinados a su implantación. En forma similar a lo que ya había sucedido en el 2006, también en el 2015 se desestimó la posibilidad de que el pensamiento político y las capacidades proyectivas practicadas desde la UTAA se convirtieran en el soporte para la actualización de un posible debate sobre “reforma agraria”.
Noviembre de 2015. Al costado de la Ruta 3 una pancarta exhibe la consigna de la última ocupación de tierras impulsada por la UTAA bajo el progresismo. Foto: Alex Martins Moraes.
Volvamos a la cuestión que nos condujo a sobrevolar los acontecimientos del 2015: ¿qué reconocieron los negociadores frenteamplistas en sus interlocutores de la UTAA? Aparentemente, los interpretaron como trabajadores cuyas demandas podrían ser solucionadas en el marco de las políticas agrarias vigentes en Bella Unión. Sin embargo, lo que proponían los dirigentes sindicales involucrados en las negociaciones con el INC era que no se los tomara como el objeto de una “inclusión”, sino como el sujeto de una política resolutiva en lo concerniente al impasse generado por la articulación contradictoria entre la democratización sistemática del acceso a la tierra y la expansión limitada de la industria sucro-alcoholera.
En los ’60, en las páginas del El Sol, proliferaban conceptos que pretendían dar cuenta de una novedad política huidiza, que se cocinaba alrededor de los fogones prendidos a orillas del Itacumbú. De ser correctamente interpretada, esta novedad prometía a ciertos sectores de la izquierda capitalina el vislumbre de una insurrección original, uruguaya y latinoamericana a la vez.
Seis décadas después, es como si los enigmas de la política se hubieran dirimido en un drama administrativo. Ya no se trata exactamente de preguntar cómo la “lucha” de los demás podría (re)definir los horizontes de uno mismo. Cuando el pensamiento de la política – la propia y la ajena – se vuelve plenamente interior a la administración del Estado, en sinergia con la distribución actual del poder económico-político, la cuestión esencial pasa a ser la de cómo gestionar la inclusión del otro en aquellas soluciones que han sido previamente diseñadas para él. “Inclusión” se vuelve, entonces, la palabra clave para lidiar con lo que enuncian las políticas ajenas, lo cual implica dejar de encararlas como políticas, en un sentido pleno, para interpretarlas como demandas que ameritan algún tipo de solución de parte del gobierno.
En el período que media entre la perplejidad sesentista frente al enigma representado por la UTAA y la reciente voluntad progresista de incluir a la gente en su proyecto de gobierno ¿qué preguntas han dejado de hacerse en cuanto a la posibilidad de resolución de los callejones sin salida de la misma izquierda partidaria? ¿No será que, como lo sugieren los antiguos esfuerzos reflexivos de El Sol, la solución de los impasses de uno mismo se encuentra en la capacidad de interpretar en forma activa las soluciones que otras políticas parecen anunciar? Lo único que podemos apuntar es que, quienes respondieron afirmativamente a esta interrogante en la década de 1960 nunca más fueron los mismos, así como tampoco lo fue aquel sujeto político que, bajo el nombre de UTAA, los había puesto ante una posible resolución de sus urgentes dilemas.
