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Todos Los Partidos Acompañarán Investigadora Por Espionaje Militar

Todos los partidos acompañarán investigadora por espionaje militar

El Frente Amplio presentará hoy formalmente ante el presidente de la Cámara de Representantes, Gerardo Amarilla, la solicitud para conformar una comisión investigadora del espionaje militar en democracia revelado por el archivo del coronel retirado, Elmar Castiglioni

El semanario Brecha accedió a documentos del archivo que prueban el espionaje a partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y medios de comunicación en democracia. Entre los vigilados hay figuras relevantes de todos los partidos, como el actual presidente Tabaré Vázquez, los ex presidentes Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti, y el dirigente histórico del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate.

El diputado denunciante será el frenteamplista Luis Puig, que presentará hoy un documento de 150 páginas con las notas de prensa e informes de la historiadora Isabel Wschebor y del decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico. Ambos oficiaron como peritos para la Justicia en el análisis del material del archivo Castiglioni, en el marco de la causa que investiga la desaparición forzada y asesinato en dictadura de Fernando Miranda.

Puig explicó que la denuncia se presenta “ante la presunción fundada de que en plena democracia los militares estaban llevando adelante operaciones clandestinas de espionaje a dirigentes políticos” y que existía “un ejército de infiltrados amparado por dineros públicos para armar todo un entramado de control y espionaje sobre aspectos fundamentales de la democracia”. El diputado frenteamplista consideró que es fundamental establecer las responsabilidades y llegar a determinar quiénes dictaron las órdenes y quiénes las ejecutaron, así como si estas operaciones de espionaje se detuvieron o continúan hoy. Remarcó que este tema “no debe ser preocupación exclusiva de las fuerzas de izquierda” sino “del conjunto de actores de la democracia”, de modo de dar “un mensaje muy claro de que no se van a permitir este tipo de acciones que atentan contra la democracia” y de que “no se está dispuesto a consagrar una nueva impunidad”.

La bancada del Frente Amplio (FA) resolvió acompañar la instalación de la investigadora, pese a la postura contraria del sector mayoritario de la coalición de izquierda, el Movimiento de Participación Popular (MPP). El Partido Colorado (PC), el Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente también votarán a favor de conformar la investigadora. “El PN va a acompañar la propuesta. Parece claro que la situación lo justifica; está de por medio la institucionalidad del país. La eventualidad de que los servicios de inteligencia hayan funcionado de manera ilegítima, espiando a figuras públicas en forma contraria a las normas jurídicas y la ley es de por sí grave y está bien que se investigue”, señaló el diputado del PN Pablo Abdala.

El PC, en tanto, si bien resolverá formalmente sobre el tema cuando conozca la denuncia, acordó “de manera informal que está dispuesto a acompañar la investigadora”, dijo el diputado Conrado Rodríguez. “Todos los partidos políticos han estado a favor de investigar estos supuestos espionajes en democracia. De comprobarse, habrá que ver quiénes fueron los responsables”, afirmó Rodríguez.

Daniel Bianchi, Daniel Peña y Guillermo Facello, legisladores que abandonaron sus respectivos partidos para encolumnarse tras el líder del “Partido de la Gente”, Edgardo Novick, se reunirán hoy para definir su posición sobre este tema. Bianchi, electo por el Partido Colorado, dijo que no tiene una postura definida y aguardará a la instancia de hoy. Peña, electo por el PN, expresó su visión “positiva” sobre las investigadoras. “En general tengo a priori la posición de que todo lo que se quiera investigar se investigue, y que exista la menor cantidad de dudas al respecto. Pero estamos empezando a funcionar como bancada y seguramente lo resolvamos mañana [por hoy]”, aclaró. En cambio, el diputado electo por el PC Guillermo Facello mantiene su postura contraria a conformar una investigadora por este tema. “Mi posición personal es no acompañar esta investigación porque no tiene ningún sentido estar removiendo cosas del pasado cuando el FA se niega a investigar cosas del presente y sobre temas que le interesan mucho más a la gente que esto”, sostuvo.

Este jueves, en sesión especial, la Cámara de Representantes resolverá si habilita la investigadora.

Radiografía de un pensamiento

En el documento elaborado por Isabel Wschebor que será incluido en la denuncia y al que accedió la diaria, denominado “Informe de recomendaciones sobre el destino del archivo incautado”, la historiadora sostiene que el archivo constituye “un testimonio único en relación a las formas de reorganización de la inteligencia militar en un contexto de restauración de la democracia en el país”. De los documentos del archivo se desprende la “preocupación” de los militares “por establecer los estrictos mecanismos de reserva en relación a las acciones de ocultamiento sobre los crímenes cometidos en el período de facto”. “Una de las principales preocupaciones en dicho sentido, está asociada a la posible presencia de individuos adscriptos a organizaciones políticas como el Partido Comunista Uruguayo, buscando de este modo limitar, a la interna de la corporación militar, la presencia de individuos con ideologías políticas que pudiesen contrarrestar un proceso de silenciamiento en relación a las acciones del campo militar en el período inmediatamente anterior al restablecimiento pleno de la democracia”, indica Wschebor.

La historiadora detalla que el archivo contiene documentos personales de Castiglioni, fallecido en 2015, que refieren a sus tareas de inteligencia y estrategia militar; documentos de la vida privada del militar, como cartas o tarjetas personales; correspondencia; relevamiento de prensa, en particular una selección de entrevistas a Julio María Sanguinetti y al exministro de Defensa del gobierno de Luis Alberto Lacalle, Mariano Brito, donde ambos refieren a la necesidad de preservar la estabilidad de las Fuerzas Armadas, y expedientes de organismos de Inteligencia del Ministerio de Defensa Nacional referidos a asuntos diversos.

En el archivo hay un expediente relativo a la maestra desaparecida Elena Quinteros, cuya información ya fue procesada por los historiadores que trabajaron en convenio con Presidencia, así como una carpeta de seguimiento a Macarena Gelman tiempo después de haber sido identificada, señala el informe. También hay documentación “significativamente más voluminosa” que la que se conocía hasta el momento sobre las denuncias del ex soldado Sergio Ramón Pintado Otero, quien testificó en la causa de Quinteros. Wschebor señala que estos expedientes deberían ser cotejados con la documentación existente en el archivo de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, donde Castiglioni ejerció como director, “a los efectos de comprobar si se trata de expedientes del organismo que fueron extraídos por él durante su función pública”, y si podía realizar investigaciones sobre personas sin una orden judicial.

Castiglioni también guardaba documentación sobre la masonería en Uruguay y en Argentina.

Wschebor recomienda reproducir “las informaciones que pueden ser consideradas probatorias de crímenes de lesa humanidad en dictadura” y entregarlas a la unidad especializada de la fiscalía que trabaja en el tema, así como transferir “de manera integral” el acervo al Archivo General de la Nación e inventariarlo. Luego, señala la historiadora, sería conveniente iniciar un proceso de desclasificación de los archivos para la investigación. Wschebor remarca que más allá del uso que le dé la Justicia al archivo, este debe ser abordado “desde diferentes enfoques y ciencias sociales, porque constituye el primer fondo documental integral que permite estudiar la mirada militar sobre el período de la transición”.

Preocupación actual

Los documentos del archivo Castiglioni permiten concluir que el coronel retirado estaba preocupado por la posibilidad de que OSE realizara obras en la zona del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea Nº 1, en Canelones, sujeto actualmente a medidas cautelares por el Juzgado de Pando porque se presume que allí podrían estar enterrados los cuerpos de cinco detenidos desaparecidos. En esa zona se están realizando excavaciones, y el viernes 18 la Justicia resolvió ampliar el área de excavación, al constatarse “algunas anomalías en el terreno que no serían naturales”, explicó el abogado Óscar López Goldaracena, quien en 2008 recibió de forma anónima un croquis señalando enterramientos en ese lugar.

Fuente: La Diaria
21 de noviembre 2016
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