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Si fuese tan sencillo no existiría el problema #EscribeMónica

Si Fuese Tan Sencillo No Existiría El Problema #EscribeMónica

Cuando se escuchan propuestas mágicas para la seguridad, más que estar frente a soluciones, inequívocamente, se está ante campañas electorales. La derecha tiene debilidad por pretender solucionarlo todo a fuerza de garrote e inflación penal. No olvidemos que la Ley Nº 16707, del año 1995, denominada Ley de Seguridad Ciudadana, y otras subsiguientes,aumentaron penas y crearon delitos.Sin embargo,la gráfica delictiva siguió en constante aumento.Porque la escalada de violencia no se soluciona con la Ley del Talión,ni con el aumento de penas, ni con la cadena perpetua, ni mucho menos con los militares en la calle. Todo eso fracasó en todos lados, salvo que se considere un éxito una sociedad sin libertad.

La ciudadanía señala a la seguridad como el principal problema de la actualidad, y quienes gobernamos debemos escuchar. Es por ello que en estos últimos años se ha estado combatiendo el delito con más recursos que nunca –presupuestales, humanos, logísticos y capacitaciones-. Simultáneamente, la cantidad de gente privada de libertad ha llegado a ser la más alta de la historia de nuestro paísy, en proporción,también de la región. En la actualidad, el índice de “prisionización” es de 341 cada 100.000 habitantes, y un 70% de las personas que han ingresado a la cárcel en el último semestre serían reincidentes.

La seguridad es un complejo sistema determinado por las condiciones de vida, las oportunidades y las normas. Y cuando esos tres pilares no están equilibrados el sistema cruje, que es lo que está pasando aquí y en buena parte del mundo. Especialmente en nuestro continente, el de la mayor desigualdad y el de la mayor violencia. No somos una isla. No nos ponemos en un pedestal de verdad única ni nos oponemos a debatir sobre el problema de la seguridad. Pero en serio, no debe caerse en la trampa de un pensamiento arcaico, que promueve la infantil idea de que la seguridad se soluciona con cuatro medidas.

Las políticas de inclusión social y seguridad son inescindibles, y requieren un accionar consistente, determinado y paciente. No hay soluciones mágicas. Da mucha bronca que haya políticos que hagan demagogia con estos asuntos de tanta gravedad. Nadie en el gobierno desconoce que debe aumentar la eficacia en la lucha contra la violencia ni en el abatimiento de sus causas. El exclusivo “policiamiento” de la política de seguridad no arroja como resultado la disminución de la violencia ni del delito.

La represión por sí sola no soluciona la seguridad. La seguridad nos reclama profundizar en la educación en valores, seguir democratizando oportunidades, nunca más volver a tener los niveles de pobreza de hace una década, cuyas consecuencias hoy seguimos padeciendo –aunque haya quienes tengan la combinación de osadía, ignorancia e insensibilidad para negar que aquellos lodos no tienen que ver con estos barros-.

En un Estado de Derecho –como el nuestro- existen normas que deben cumplirse. Por ello el nuevo Código del Proceso Penal, aprobado por amplio acuerdo en el Parlamento –en cumplimiento del compromiso asumido con la CIDH-, va en el sentido correcto de proteger los derechos humanos agilizando los procesos penales. Las normas sancionatorias de hechos que la sociedad entiende castigar, ya existen en nuestro país. Pero es necesario que su aplicación se efectúe en un régimen garantista. No se puede cobrar al grito de la tribuna ni pretender que un sistema extendido de linchamiento sea el pasaporte a la paz social.

Todo problema debe ser resuelto con los recursos apropiados a su particular naturaleza. “La seguridad del pueblo no pasa por poner a las Fuerzas Armadas en la calle. La seguridad no pasa por poner más fuerza, pasa por solucionar los problemas de marginalidad del pueblo”, señaló hace pocos días el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Sin embargo están quienes no quieren entender que los militares no fueron entrenados para llevar adelante la seguridad interna. Confunden cuando comparan cosas muy distintas como realidades de los países en los que los militares uruguayos intervienen en Misiones de Paz, con nuestra realidad. Como tampoco son razonables las comparaciones de lasituación de nuestro país con la tan triste y extrema realidad de hermanos países centroamericanos. También ha quedado desmentido que en tiempos de dictadura bajara la delincuencia: “Manejando un concepto amplio de inseguridad, no solo aumentaron los delitos contra la propiedad, también estaba la violación permanente de las libertades individuales que ya conocemos”. (1)

La violencia y el crimen deben combatirse con firmeza y determinación. Pero el Uruguay inclusivo y en paz en el que todo ciudadano merece vivir, no se impone a fuerza de miedo, militarización ni cadena perpetua.No caben dudas de que la ciudadanía percibe un nivel de inseguridad que nada tiene que ver con el país que todos los uruguayos queremos. El Uruguay que soñamos lo tenemos que seguir forjando con cada vez mayor inclusión.

Fuente:

(1) http://www.geipar.udelar.edu.uy/index.php/2016/10/23/nicolas-duffau-y-alvaro-rico-2012-el-poder-judicial-bajo-la-dictadura/

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