Escribe: Daniel Olesker
1) La verdad de la milanesa.
Empecemos por el final de la historia. El presupuesto en las predicciones fiscales nos dice que el déficit fiscal va a bajar de 4,8 sobre el PBI en 2019 a 2,5 en 2024, es decir 2,3% de mejora del déficit respecto al PBI.
Bien entonces veamos cómo se logra esta reducción del dicho porcentaje del déficit sobre el PBI. La misma exposición de motivos te lo dice.
Los salarios públicos van a bajar de 5,5 a 4,9% del PBI, es decir explican 0,6 de la mejora fiscal.
Las jubilaciones (seguramente con más personas jubiladas) en monto van abajar del 10,4 al 9,9, es decir explican 0,5% del PBI de la mejora fiscal.
Las inversiones (del gobierno central y de las empresas públicas) pasan de 2,5% del PBI en 2019 a 1,9% en 2024, es decir explican 0,6% de la mejora.
Basta hacer una suma rápida y nos da que de aquel 2,3%, los salarios, las jubilaciones y la inversión pública (con su efecto sobre el empleo), nos explican 1,7% de la mejora, o sea el 68% de la mejora fiscal.
Es decir lo que hemos repetido reiteradas veces: no hay forma de bajar el gasto público sin afectar de manera relevante los salarios y por ende las jubilaciones. En un punto más adelante volveremos sobre esto.
2) Las amenazas futuras.
Estas realidades se agravan con los artículos 6 y 7 ya que la ley de presupuesto además de fijar valores casi congelados respecto a 2019, habilita al Poder Ejecutivo en su artículo 7 a establecer límites de ejecución en los créditos presupuestales aprobados por el Parlamento, cuando exista riesgo de no cumplimiento de la regla fiscal. Es decir el Parlamento aprueba un gasto 100 para un inciso pero el Poder Ejecutivo lo topea en contra de lo aprobado y le asigna para ejecutar menos dinero.
Al mismo tiempo el artículo 6 faculta a realizar ajustes en los gastos de funcionamiento en función también del cumplimiento de la meta fiscal y como máximo pueden ser el valor de la inflación, pero pueden ajustarse por debajo o directamente no ajustarse y perder su capacidad de compra de medicamentos o insumos de los más diversos.
3) El gasto previsto para 2021
Cuando uno mira las cifras de 2021 (único año al que se asignan partidas y luego repite en 2022, 2023 y 2024) prácticamente congela el presupuesto respecto al valor ejecutado en 2019. En particular los componentes del área social (ANEP. UDELAR, ASSE, Vivienda) tienen en 2021 un presupuesto menor al ejecutado en 2019 ajustado por inflación. Y más aún si quitamos (como debe ser) los 7.200 millones pesos de las asignaciones familiares que ya se pagan y pasan contablemente del BPS al MIDES y se los quiere hacer ver como un relevante aumento presupuestal del MIDES.
El cuadro 1 nos muestra estos datos:
El primer bloque son los incisos que aumentan entre ellos; defensa, interior, intereses de la deuda y transferencias a la seguridad social.
El segundo bloque están los que reducen el presupuesto en 2021 respecto a 2019 en especial por el impacto del decreto 90/20 que les redujo la línea de base sobre la que arranca el 2020.
Allí está la ANEP que tiene leves aumentos de 2021 pero respecto al 2020; ASSE en igual situación y vivienda igual.
4) Dos casos particulares: ASSE y Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI)
En Vivienda el recorte es relevante. Según la rendición de cuentas de 2019 el Fondo Nacional de Vivienda ejecutó en inversiones 9.268 mil millones de pesos que, a valores de enero de 2020 representan un orden de 10 mil millones de pesos. Si tomamos el valor asignado al Fondo Nacional de Vivienda en 2021, según el Plan quinquenal de vivienda ese valor es de 8.740 millones de pesos, es decir un 13% menos a valores constantes. Es una caída relevante en las posibilidades de hacer viviendas, cuando se anunció que vivienda sería prioridad presupuestal.
En el caso de ASSE si bien no hay reducción de créditos presupuestales, los incrementos tienen destinos específicos (salud mental, adicciones y consulta domiciliaria) y para la atención general no hay incrementos. Y hay que tener en cuenta que un presupuesto casi congelado en un contexto de aumento de usuarios por la pérdida de cobertura de FONASA a quienes quedan desocupados sin seguro de paro. Ya en junio eran 72 mil personas y se estima puedan ser más de 100 mil. Tomando el presupuesto de ASSE que al finalizar 2019 llegó a 2.600 pesos por mes y por persona, en 2021 bajaría a 2.400, o sea 8% menos. Un recorte relevante.
5) La situación de los funcionarios públicos
Desde el artículo 8 al 36 en el capítulo de funcionarios se abren importantes niveles de reducción de funcionarios (que se suma a la norma de sustituir una vacante cada tres del decreto 90/20) habilitando la excedencia de funcionarios, y reestructuras que fusiones y transformen la organización del Estado. Es decir la filosofía del proyecto de presupuesto es menos funcionarios. Y eso claramente puede tener efecto en áreas estratégicas del estado, las sociales, las productivas y tantas más.
En particular en funcionarios vale la pena resaltar el artículo 30 que incorpora el sistema de seguro de enfermedad del sector privado no pagando los tres primeros días de enfermedad y luego el 70% del sueldo. No está bien que no se pague el sueldo cuando se está enfermo. Y menos con el argumento de “puede ser que la gente se aviva”. Porque en ese caso la responsabilidad es del Estado por no controlar y de quienes firman los certificados médicos. No pueden pagar justos por pecadores.
6) Los Salarios Públicos
Es claro que en 2021 va a existir pérdida salarial. La ley deroga el artículo 4 de la ley de presupuesto de la que me tocó participar bajo la presidencia de Pepe Mujica en la que se garantizaba a los trabajadores el 100% de la inflación todos los años.
El ajuste previsto para el 1 de enero del 2021 se determinará sólo con la compensación de la inflación observada del año 2020. Esto significa que durante el año 2021 los trabajadores públicos tendrán una pérdida del salario real equivalente al incremento de la inflación de todo el año.
En el 2021 el aumento de salario será 0, sólo recibirían el complemento de la inflación no cubierta de 2020.
Dice la ley que a partir del 1º de enero 2022, los aumentos salariales propuestos por el Poder Ejecutivo incluirán un componente de recuperación del poder adquisitivo de las remuneraciones de los funcionarios públicos, de manera tal que al finalizar la vigencia de este Presupuesto, el nivel de salario real no haya sufrido deterioro. Y si bien la norma es para los salarios de los funcionarios del sector público de la administración central, también se extiende a los organismos del 220 (entre ellos ANEP UDELAR o ASSE) y seguramente para las empresas públicas.
Y es claro que si yo hoy gano 100 no es lo mismo que todos los años mi salario vuelva a 100 a que lo haga al final de los 5 años. O sea transformo una recta en una U, es decir pierdo y a mitad de camino empiezo a recuperar.
Terrible diferencia. Incluso no está claro en la ley el sistema de recuperación así que de eso mismo incluso dudamos para 2024.
Para poner en cifras el aumento del primero de enero de 2021 según la norma vigente debería ser del orden del 9,5% y va a ser de 4,5%. Esos 5 puntos significan mucho para los trabajadores y un ahorro de un orden de 230 millones de dólares para el presupuesto.
7) Algunos impactos de estas medidas.
La economía uruguaya va a tener durante 2021 y 2022 una reducción muy relevante de salarios y jubilaciones y en términos reales de parte del gasto social. Y ello sucede en un contexto de aumento de demandas sociales por los efectos socio económicos derivados de la pandemia.
Y a su vez esta reducción de poder de compra de salarios y jubilaciones y de compras del Estado, provocará una caída de la demanda interna y por ende serán afectadas las pequeñas y medianas empresas y por ende el empleo, ya que es allí donde se gesta su mayor parte.
Mientras el dólar aumenta, la rentabilidad del capital concentrado se recupera y la economía quizás empiece a crecer pero lo hará sobre la base de la desigualdad.
Y esto hay que mirarlo en el hilo conductor de estos 6 meses: Presupuesto, Política salarial, Política social y económica de cara a los efectos de la pandemia, todo ello lo podemos definir como un modelo Desestatizador, Antipopular, Represivo y Concentrador. El presupuesto es Parte del modelo DARC
