Al asumir su segundo mandato como presidente de la República, el 1º de marzo de 2015, Tabaré Vázquez anunció que legislaría para que, ante una urgencia médica, cualquier persona que estuviera fuera de su departamento de residencia pudiera concurrir a cualquier institución pública o privada para recibir atención médica. La disposición correspondiente fue aprobada por el Parlamento en setiembre de 2017, en la Ley de Rendición de Cuentas, y ahora el Ministerio de Salud Pública (MSP) trabaja a contrarreloj para ponerla en práctica. Tendrán derecho a recibir atención de urgencia y emergencia en cualquier institución fuera de su departamento los residentes en Uruguay que sean usuarios de una institución integral de salud.

Según explicó a la diaria el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echevarría, la norma empezará a regir el 1º de julio. Dijo que el decreto reglamentario está “casi pronto” y que se está discutiendo en la Junasa, con la participación de instituciones de salud, usuarios y trabajadores, porque es un proceso que implica muchas definiciones, entre ellas las referidas a qué es una urgencia y qué es una emergencia.

Es una situación de emergencia aquella en la que la persona corre riesgo de vida y tiene que ser atendida en el lugar al que concurra. En cambio, si se está ante una urgencia –debe ser atendida, pero no corre riesgo de vida– la persona debe saber, o averiguar, si su prestador de salud tiene una dependencia en ese lugar o si dispone de un convenio con algún prestador local y dirigirse a él; de lo contrario, tiene derecho a atenderse en el primer prestador al que pueda acceder, explicó Echevarría.

Si bien la Junasa está preparando una lista enunciativa que clasifica diferentes situaciones, es el médico que atiende a la persona quien termina distinguiendo, en función de cada caso, si se trata de una situación de urgencia o de emergencia. “Desde el punto de vista del usuario, uno puede considerar que es urgente que lo vea un médico porque le está pasando algo que cree que es importante, y el médico termina diciendo que no lo es. Al revés, puede ocurrir que el usuario no lo considere importante y termine siendo una emergencia. La ley busca que ante una urgencia tengas derecho a atenderte, no importa el lugar en el que estés”.

Hablando en números

La Junasa está unificando topes de precios para prestaciones que hasta ahora se cobraban en forma dispar. “Hay que regular los aspectos económicos para que no exista el interés en captar usuarios de otros prestadores –una venta de servicios– ni la tentación de echar a los usuarios de estos prestadores pensando que les van a generar costos que no van a ser resarcidos”, explicó Echevarría. “Tratamos de regular de manera que por estas atenciones no haya ganadores ni perdedores y se retribuya en función de los costos que puede haber, que son bien distintos dependiendo del tamaño de la institución: para una que viene atendiendo 100 pacientes por día en una urgencia, agregarle un paciente es un costo marginal, pero si a una institución que está abierta para atender diez le agregás uno, no es tan marginal el costo de esa atención. Entonces, se trabajó con los prestadores para fijar determinados precios máximos a ser cobrados por esas prestaciones”, detalló.

Por ahora, la Junasa definió cuatro de estos precios, correspondientes a la consulta de urgencia, a una paraclínica básica, a la consulta de emergencia y a otros estudios básicos. Echevarría dijo que esos cuatro campos abarcan más de 80% de las situaciones más comunes y frecuentes, y que luego se seguirá avanzando para incorporar otras prestaciones.

Como ejemplo, mencionó que si una persona de Montevideo estaba de vacaciones en Maldonado y concurría a una institución de salud para atenderse en una situación de urgencia, la consulta le podía costar 2.000 pesos, y que si no disponía de ese dinero en el momento, la institución podía decirle que fuera a atenderse a Montevideo. “Ahora no va a existir el rechazo para descartar, en primera instancia, el acto médico necesario que deslinde que estás en una emergencia y que hay que hacerte las cosas básicas en el momento. Saliste de la incertidumbre. Yo te podría decir que en Tacuarembó, para que te viera el médico tenías que pagar 2.000 pesos; ahora vas a pagar el valor de la urgencia que pagarías si te estuvieras atendiendo con tu prestador, y lo vas a hacer posteriormente: ese es el gran cambio. Eso autolimitaba a la gente a acercarse al médico para sacarse la duda acerca de si lo que tenía era grave”, explicó.

Para facilitar este intercambio, a partir de la semana que viene las instituciones de salud tendrán a su disposición un sistema informático para que las dos instituciones involucradas coordinen la asistencia y esta quede documentada. Para facilitar el cobro de las prestaciones, al momento de pagar las cápitas la Junasa entregará a la institución que dio la asistencia una compensación por el servicio prestado, y luego se lo descontará a la institución a la que está afiliada el usuario.

Entre lo que falta regular están los costos de los estudios que no son básicos, por ejemplo una tomografía.

El MSP estima que estas definiciones propiciarán, además, acuerdos entre prestadores, con lo que se reforzaría la tan anhelada complementariedad.