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La crisis social y las respuestas del gobierno: bailando en el Titanic

La Crisis Social Y Las Respuestas Del Gobierno: Bailando En El Titanic

Escribe: Fernando Isabella (Integrante del CC y CEN del PS)

La crisis sanitaria que desemboca en una crisis social

La crisis sanitaria, asociada al Coronavirus, está desembocando en una crisis económica y social de magnitud totalmente desconocida. Desde hace casi dos meses, cientos de miles de personas, cuyo ingreso dependía del movimiento cotidiano (feriantes, peluqueros, comerciantes, artistas, vendedores ambulantes, etc) se encuentran en situación de total desamparo, con ingresos que se han reducido prácticamente a cero. A esto hay que sumar los cerca de 150.000 trabajadores formales que han sido enviados a seguro de paro, quienes son relativamente afortunados, ya que están incluidos en una matriz de protección social que les da cierta cobertura, pero cuyo ingreso se reduce a la mitad aproximadamente y cuya cobertura dura, a lo sumo 6 meses. Esto configura una situación absolutamente inédita de vulnerabilidad social de la que debemos ser muy conscientes.

Envíos mensuales al seguro de paro al 15 de cada mes

Fuente: Instituto de Economía; “Seguros de paro ante un mercado laboral en terapia intensiva”

Pero esto es sólo el primer paso de esta crisis gigantesca que se viene. Esta primer etapa refiere, principalmente, a una restricción “de oferta”. Es decir, se trata de actividades cuya situación de parálisis fue disparada fundamentalmente por el distanciamiento social que obligó a cerrar, suspender actividades, o disminuir sustancialmente la actividad. Por eso se dice lo de la oferta; es la propia actividad productiva (la oferta) que está impedida o dificultada de realizarse.

Sin embargo, a esto debemos agregar una segunda etapa, que ya está empezando, pero que continuará una vez levantadas las medidas, y es la restricción de “demanda”. Los cientos de miles de personas cuyos ingresos se han reducido de manera sustancial no van a poder consumir (demandar) bienes y servicios (vestimenta, entretenimiento, transporte e incluso alimento) durante los próximos meses como lo venían haciendo, con lo cual, el impacto va a llegar a todos los sectores de actividad.

Una tercer etapa de la crisis vendrá dada por el lado de la demanda internacional de los productos que Uruguay exporta. Desde la carne o los granos, hasta el turismo enfrentarán una caída enorme de la demanda, dado que nuestros compradores (China, Brasil, Europa, Argentina) también están sufriendo la crisis económica asociada a la crisis sanitaria y tampoco van a poder comprar nuestros productos como lo venían haciendo. Además, en el caso de las actividades relacionadas con el turismo (hotelería, gastronomía, etc), seguramente van a seguir pesando durante meses las restricciones a la movilidad internacional y a la acumulación de gente en espacios cerrados. Eso es especialmente preocupante en el caso uruguayo, donde la actividad turística tiene una importancia relevante en materia de empleo e ingresos.

Por si todo lo anterior fuera poco, debemos sumar, una vez superada la crisis sanitaria y levantadas las restricciones a la movilidad y el contacto social, una nueva loza para la actividad y el empleo. Se trata de los miles de empresas que no habrán podido soportar el costo financiero de estos meses sin actividad, donde sus ingresos cayeron estrepitosamente, pero la mayor parte de sus costos se mantienen (alquiler de locales, cuentas de servicios públicos, intereses de créditos bancarios, etc.) y que una vez levantadas las medidas, ya no volverán a abrir y por tanto, no retomarán el empleo ni pagarán salarios, e impuestos, ni comprarán insumos a otras empresas. Así, los problemas de oferta y demanda se mantendrán por un largo período una vez superada la crisis sanitaria.

Debemos ser conscientes que todos estos factores sumados implican un verdadero tsunami económico y social que se nos viene encima y cuyas víctimas primeras y más perjudicadas serán, como siempre, los más vulnerables.

Las respuestas en otros países

Esta angustiante situación, como sucede habitualmente en situaciones críticas, llama a la necesidad de contar con un Estado potente, activo, propositivo en cuanto a las políticas a desarrollar para evitar lo peor. Es en estas situaciones en que el paradigma liberal del “estado mínimo” muestra cabalmente su insostenibilidad y sus trágicas consecuencias. Ahora hasta los empresarios (al menos los pequeños y medianos) reclaman la intervención pública.

Esto parece, de a poco, estar siendo entendido por los gobiernos a lo largo y ancho del mundo, donde se proponen, diseñan y aprueban planes cada vez más ambiciosos para evitar que las economías caigan en despeñaderos profundos y las sociedades sufran situaciones de privación imposibles. Y así, presupuestan planes cuyo costo se expresa en cifras de dos dígitos en relación al PBI de los países, lo que significa cientos de miles de millones. Y esto lo hacen también los países altamente endeudados, ya que son conscientes de que, si no se pone un freno a la caída actual, no habrá un mañana en el cual lamentarse. También es implementado por países de todos los signos ideológicos, ya que hasta los más liberales son conscientes de que los mercados no sacarán a los países de la situación crítica; no existen mercados sin estados que los encuadren, organicen y sostengan.

Así, en EEUU, el gobierno federal envió cheques por valor de U$ 1.200 a casi todos los ciudadanos activos. En países como Dinamarca, Inglaterra o Francia, los estados se están haciendo cargo del pago de los salarios de los trabajadores privados, en porcentajes de entre el 70 y el 80%, a condición de que las empresas no los despidan. De esta forma se aseguran que las personas mantengan sus ingresos y eviten caer en la segunda etapa de la crisis comentada más arriba. También evitan que las empresas quiebren por el costo que les implicaría mantener a esos trabajadores en momentos de caída de la actividad y a su vez, al mantener a los trabajadores en planilla, las empresas estarán prontas para recomenzar la actividad tan pronto como se levanten las medidas. Con estas dos cosas se evita caer en la cuarta etapa de la crisis comentada antes.

Así los países construyen condiciones favorables para que tan pronto la situación sanitaria lo permita, la actividad económica pueda recomenzar y por esa vía acortar la caída, el sufrimiento social y la magnitud del desastre. Pero no sólo se trata de medidas implementadas por países de altos ingresos. Es interesante observar la magnitud de las respuestas económicas en países empobrecidos como Argentina e incluso en el siempre muy liberal Chile.

¿Y en Uruguay?

La estrategia del gobierno uruguayo, sin embargo, parece ir en un sentido totalmente diferente. Las medidas anunciadas palidecen en magnitud en cualquier comparación que se efectúe. Pero lo que es mucho más grave, demuestran estar muy lejos de las necesidades acuciantes de la gente. La mayoría de las medidas se han centrado en postergación de vencimientos para pagos de tributos, ampliación de líneas de crédito para pequeñas empresas, o distribución de canastas de alimentos. Y por supuesto, poner impuestos a los funcionarios públicos y mantener, incluso en estas condiciones tan excepcionales, los incrementos de tarifas que tantas veces prometieron que no iban a hacer, constituyendo un extraño caso a contracorriente global. Mientras que lo que es necesario en este momento extremo es sostener y estimular la demanda para enfrentar la brutal caída que se viene, en Uruguay las medidas más relevantes van en el sentido contrario, penalizando los ingresos de la población y por esa vía, amplificando el enorme impacto y aportando a la generación de una “tormenta perfecta”.

Y ante las preguntas y los cuestionamientos, las figuras del gobierno parecen tener un libreto previamente ensayado. Siempre, la culpa es del gobierno anterior. Por eso, dicen, no se pueden desarrollar medidas más audaces para el apoyo a la población; por el déficit fiscal heredado. Eso, además de ser una flagrante mentira, esconde una estrategia acordada. En primer lugar, Uruguay mantiene una situación óptima de reservas internacionales, y un acceso a líneas de crédito contingente que le permite mantener tranquilidad financiera en un contexto enormemente volátil como el actual, pero además le permitiría desplegar una batería de medidas mucho más ambiciosas para enfrentar las crisis social y económica. Y si eso fuera poco, también mantiene un acceso privilegiado a los mercados de capitales si fuera necesario endeudarse con acreedores privados, a tasas que son la envidia en la región. Y eso es posible gracias a la prolijidad financiera de los gobiernos del FA.

Tal como lo ha propuesto el FA, es absolutamente prioritario redirigir las medidas buscando, en primer lugar, evitar el sufrimiento social extremo, inyectando ingresos para los sectores más afectados por la situación de distanciamiento social. No es justo, ni posible, mandar a la gente a quedarse en casa y no asegurarle lo mínimo para sobrevivir. Y lo mínimo no es sólo comer, más allá de que ese aspecto está siendo cubierto mucho más por la solidaridad social que por las políticas del gobierno.

En segundo lugar, sostener la demanda agregada, a partir de políticas públicas que, además de evitar el derrumbe de los ingresos de la población, sostengan actividades de alta generación de empleos e ingresos. En tercer lugar, tratar de mantener el tejido productivo que una vez roto no se recupera fácilmente, evitando la quiebra de empresas y el despido de trabajadores, haciéndose cargo el Estado del pago de parte de los salarios, a condición de que las empresas no despidan y cancelando (más que postergando) por los próximos meses el pago de impuestos y contribuciones sociales que puedan ser especialmente onerosas para empresas que no están pudiendo funcionar.

Nada de esto es relevante para el gobierno, cuya estrategia parece consistir en dejar que el sufrimiento social se eleve al máximo y pasar la factura al FA. Aprovecha las circunstancias para fortalecer los prejuicios ideológicos contra el estado, planteando impuestos a los salarios públicos cuya capacidad de recaudación es insignificante, pero dejando por fuera otro montón de fuentes de ingresos tan o más altos. Se aprovecha de la situación de excepcionalidad y desmovilización por la situación sanitaria para hacer pasar una Ley de Urgente Consideración de muy discutible constitucionalidad, mucho más discutible urgencia, y de contenidos absolutamente desconocidos por la población. Todo esto resulta muy funcional a un gobierno que al haber recién asumido puede aducir siempre que las responsabilidades son del gobierno anterior.

Sin embargo, debería considerar que esta “luna de miel” no le va a durar por siempre. A medida que pase el tiempo, tendrá que empezar a cargar con la responsabilidad de las medidas tomadas, y de las no tomadas. Y las tremendas consecuencias económicas de esta crisis van a afectar el “humor social” cada vez más fuertemente, y la excusa de que es todo culpa del coronavirus y del gobierno anterior va a resultar cada vez más rechazada y menos creíble. Y gestionar un país con un desempleo de entre 15 y 20% va a ser cada vez más desafiante.

Por todo esto, el gobierno, aún por su propio beneficio, debería superar su miopía y soberbia y dejar de aprovechar los beneficios de corto plazo de esta crisis, para pensar en salidas de largo plazo, involucrando a todos los actores políticos y sociales.

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